La ONG denunció que las autoridades fiscales no miden con la misma vara; son laxos con unos y exigentes con otros
El Congreso y el Poder Judicial de Nuevo León no cumplen con una obligación tan básica del Código Fiscal y Reglamento al Código Fiscal, como es contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), mientras que a los ciudadanos sí se les exige hacerlo, denunció la organización Redes Quinto Poder IDEA.
El organismo ciudadano, dirigido por Juan Manuel Ramos, denunció que existe una desigualdad fiscal entre los ciudadanos contribuyentes y el ministro o diputado, pues no se exige de igual forma entre unos y otros.
Al igual que esta entidad, hay otros seis estados que incumplen con las leyes y normas, “en Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, ni el Congreso ni el Poder Judicial cuentan con RFC”.
“El Congreso del Estado de México y el Poder Judicial de Baja California tampoco cuentan con este documento”, describe.
Además de los diez entes mencionados, también el Sindicato Único de Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Nuevo León (SUSPE) está incumpliendo obligaciones del Código Fiscal y Reglamento al Código Fiscal, al carecer de RFC.
Redes Quinto Poder INFORMÓ QUE presentó 11 denuncias ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por incumplimiento de obligaciones, esperando que determine sanciones y obligue, como marca la Ley, a su inscripción al RFC.
“Los 10 organismos mencionados están incumpliendo con el artículo 27 del Código Fiscal que obliga a personas físicas y morales a expedir comprobantes fiscales por las actividades que realicen o los ingresos que perciban y también solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes.
“Entre los obligados están dependencias, unidades administrativas, órganos administrativos descentrados y otras áreas de la Federación, entidades federativas, municipios, organismos descentralizados y órganos autónomos”, señala el comunicado.
En el caso del Poder Judicial y el Congreso de Nuevo León, éstos utilizan el RFC del Gobierno del Estado, lo que si fuera un acto realizado por cualquier ciudadano, se le aplicaría la ley, obligándole a utilizar su propio registro.
“¿Por qué el SAT es exigente con los ciudadanos y laxo con los organismos mencionados? Y ¿cómo se podrá hacer un seguimiento minucioso de los gastos del Poder Judicial y Legislativo en los estados?
“Sobre el primer punto es inaceptable que un ciudadano, empresa u organización civil declare ante el SAT con facturas de terceros pues estaría violando la Ley.
“Pero es lo que justamente hacen los organismos de cinco estados al facturar como si fueran el Gobierno estatal”, señaló Juan Manuel Ramos.
